Alfredo Cardona Tobón*
El 26 de diciembre de 1810 la Junta de Gobierno de
Santa Fe de Bogotá expidió un decreto destinado a reglamentar los
comicios. Se advertía que no podían votar ni ser elegidos las mujeres
ni los menores de 25 años, tampoco los
que carecieran de casa abierta, ni los que vivían a expensas de otros a menos
que fueran propietarios de bienes raíces o muebles. De esta manera los criollos
aseguraban que los cabildos y las Juntas de Gobierno representaran sus intereses.
En1853 el general José María Obando dijo al Congreso
: “... borrad esa condición oligárquica, vaga y arbitraria de saber leer y
escribir para ejercer los derechos políticos y reconoced estos a todos los
hombres libres del país”, y el Congreso
atendió la solicitud presidencial dando paso legal a la iniciativa que luego quedó plasmada en
la Carta Magna de mayo de 1855 que
reconoció a todos los varones granadinos, mayores de 21 años, el derecho al
sufragio.
En ese primer intento de sufragio universal el
liberalismo perdió algunas posiciones, lo cual dio pie para que se
augurara el desastre rojo, pues varios dirigentes afirmaron que las masas analfabetas serían presa fácil de los curas, en ese
entonces aliados fieles de las doctrinas
conservadoras. Esa apreciación podría ser cierta en Bogotá, Tunja y en
Antioquia, pero no lo era en otras provincias como Vélez, Socorro, Mariquita o
la Costa Atlántica, cuyos habitantes no le marchaban al clero y donde existía
una clase campesina de profunda estirpe liberal.
LOS ELECTORES
En los primeros días de la República los padres de
familia y los individuos con gente a su servicio elegían a los gobernantes de
turno y tomaban decisiones de tanta trascendencia como la adhesión de las
provincias del sur a la Nueva Granada o
el nombramiento de delegados a
los Congresos.
Después los electores fueron los “ciudadanos de
luces”, es decir aquellos que contaban con un negocio o una industria o tenían
conocimientos rudimentarios de ciencias y de leyes. Más tarde contó el dinero y
solamente los propietarios o personas con renta podían inscribirse en los
registros electorales
Hasta 1853 no
contaban los pobres, ni los ignorantes
en el momento de sufragar, pero sí tenían que pagar tributos, alistarse en el
ejército y dar su vida y su salud en aras de las instituciones que no les
reconocían sus derechos.
EL QUE ESCRUTA ELIGE
En el siglo diecinueve los funcionarios del gobierno de turno
elaboraban los padrones o listas electorales. La colaboración de la oposición
era escasa o controlada y hubo administraciones como la de Hilario López, que
reformaron el mapa para incluir fortines
conservadores bajo la administración de ciudades liberales como sucedió con la
provincia del sur, conservadora, que quedó bajo la administración de la ciudad
de Rionegro que era un fortín liberal.
Ese sistema de padrones electorales se prestó para fraudes escandalosos que mantuvieron en el poder al partido que
estaba gobernando, y no dejaba otra alternativa al adversario que tomar las
armas e imponerse por la fuerza.
Los líderes del radicalismo liberal decían con
cinismo que quien escrutaba elegía y alterando el conteo de los votos se
mantuvieron al frente de la nación por más de veinte años, hasta que el general
Trujillo dio paso a Nuñez y éste, con la misma tónica, es decir acomodando
cifras, se hizo reelegir y allanó el
camino para que el conservatismo dominara el país con el mismo sistema
fraudulento.
LEJOS DE LAS URNAS
El terror fue un arma que utilizaron los partidos
políticos para anular al adversario. En la provincia de Toro, que comprendía
todo el occidente del Viejo Caldas,
escuadrones de jinetes sopingueños se concentraban en la época del
radicalismo en la desembocadura del río Risaralda para dirigirse el día de las elecciones a la
ciudad de Toro, donde hacían encerrar a los
despavoridos conservadores, que no se atrevían ni asomarse a las mesas
de votación.
El terror continuó utilizándose en el siglo veinte.
En los comicios del primero de mayo de 1935 los conservadores se abstuvieron de
votar por falta de garantías, y a la ausencia en el debate se sumó el fraude:
En Riosucio, por ejemplo, aparecieron 2350 votos liberales, cuando en 1933 habían
sufragado en total 1649 personas.
Cuando en el
año de 1946 retomaron el poder los conservadores fueron los liberales quienes
se vieron alejados de las urnas; en las elecciones del seis de octubre de 1947
los liberales no pudieron votar en Apia,
en Belén ni en Mistrató, a causa de la violencia desatada por oponentes
conservadores y cuatro años después los liberales tampoco pudieron llegar a las
urnas por falta de garantías.
POR FIN LAS MUJERES
Lo que no hicieron los partidos tradicionales en
ciento veinte años, lo realizó el
general Gustavo Rojas Pinilla en 1954 al firmar el Acto Legislativo Número Tres
que concedió derechos políticos a las mujeres y las puso en pie de igualdad con
los varones. Desde entonces ellas pudieron aspirar a las más altas posiciones del Estado: a la
presidencia, a los ministerios, a las embajadas, a las gobernaciones y hasta pudieron
ingresar a las fuerzas armadas, vedadas hasta no hace mucho, a nuestras
compatriotas.
La Constitución de 1991 instituyó la elección popular de alcaldes; fue la
ocasión para que el pueblo llano eligiera
los mandatarios locales sin la
interferencia de los gobernadores, que a menudo colocaban a personas nefastas
al frente de los municipios.
Infortunadamente la elección popular de
alcaldes no ha dado los resultados esperados, pues el pueblo, en general, no
está escogiendo los más capaces sino a
populacheros que en muchos casos van tras intereses personales o de grupo olvidándose de la
comunidad que los eligió.
Anteriormente los alcaldes tenían el respaldo de los
partidos políticos y hoy de grupos que se unen en tiempos de elecciones para
sacar adelante a su candidato. Antes de la
Constitución de 1991 la dignidad de concejal era eso, una distinción
para los líderes y los voceros de las comunidades que era honorífica; con la retribución económica y el pago de
jugosas prebendas se convirtió en un negocio, en un medio de ganarse la vida a
costa del electorado.
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