jueves, 30 de agosto de 2018

EL ASESINATO DE EMILIO CORREA URIBE Y LA LIBERTAD DE PRENSA

LA CLAUSURA DEL PERIÓDICO EL TIEMPO.


-Tomado del periódico El Tiempo-  julio 30 de 2005-
 
 




EL 13 de junio  de 1953, el comandante de las Fuerzas Armadas, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, depuso al presidente Laureano Gómez y asumió el gobierno de la nación. En esta acción no había tomado parte alguna el Partido Liberal, no obstante ser la víctima de la violencia política desatada por el régimen neoconservador que subió al poder el 7 de agosto de 1946. Esa violencia obligó a los campesinos liberales a armarse para defender sus vidas, y a organizarse en guerrillas que, para mediados de 1953, tenían en jaque al gobierno de Laureano Gómez, quien, debido a una enfermedad grave, no ejercía la presidencia desde 1951, y estaba encargado del Poder Ejecutivo el primer designado, Roberto Urdaneta Arbeláez.

El régimen neoconservador se había convertido en una dictadura civil y cometido los peores atropellos contra la libertad de expresión y contra el derecho de un partido a actuar con libertad e independencia. El parlamento había sido clausurado en 1949 por el presidente Ospina Pérez para evitar la censura política que lo habría obligado a renunciar, y si bien se efectuaron elecciones parlamentarias en 1950 y se reanudaron las sesiones del Congreso el 20 de julio de ese año, el liberalismo, desposeído de garantías, se abstuvo de participar, como no lo hizo tampoco en los comicios presidenciales de 1950, en que fue elegido Laureano Gómez.

Aun si lo hubiese querido, el presidente Gómez no podía detener la violencia oficial desencadenada contra el liberalismo. En últimas, su enfermedad lo redujo a la impotencia total. La derecha fascista que lo secundaba continuó desenfrenada la tarea violenta de hacer tabula rasa con el liberalismo. La respuesta de los liberales no podía tardar y el partido, o un sector de él, incurrió en el error de responder a la violencia con la violencia, táctica a la cual se opuso con energía el ex presidente, y director propietario de EL TIEMPO, Eduardo Santos, partidario de la resistencia pacífica aconsejada y practicada por Gandhi. Las guerrillas liberales comenzaron a contraatacar y en un combate el 2 de septiembre de 1952, en el municipio de La Rivera (Tolima) murieron cinco policías. Del entierro de los cinco agentes en Bogotá, el 5 de septiembre, salió una manifestación que, debidamente escoltada por carros de la Policía, atacó e incendió los edificios de EL TIEMPO y El Espectador, y las casas de los jefes liberales Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo.

A partir de ese día quedó declarada en Colombia la guerra civil, a la que puso fin, de manera oportuna, el golpe cívico militar del general Rojas Pinilla, respaldado por los jefes del conservatismo antilaureanista, Mariano Ospina Pérez y Gilberto Alzate Avendaño. Como se dijo, el liberalismo no tuvo arte ni parte en lo ocurrido el 13 de junio, pero sí apoyó con entusiasmo la caída de Laureano y saludó al general Rojas como a un libertador. El 13 de junio, a las cinco de la tarde, las calles del centro de Bogotá estaban llenas de liberales que vitoreaban enardecidos y felices al nuevo presidente.

Ese día, EL TIEMPO completó sus 15 mil ediciones, de modo que la celebración para el diario fue doble. Siguiendo la corriente incontenible del partido, EL TIEMPO respaldó como de transición al gobierno de Rojas Pinilla, en la esperanza que le devolvería a Colombia la normalidad democrática, sostenida en los postulados fundamentales de "Paz, Justicia y Libertad". Rojas, no sin pedir a los periódicos la prudencia necesaria para restablecer las delicadas heridas infligidas al país por la violencia, levantó la censura de prensa. Todo pareció encauzarse hacia la plenitud de la vida democrática.

Unos días antes de cumplirse el primer aniversario del gobierno de las Fuerzas Armadas, ocurrieron los desgraciados sucesos del 8 y 9 de junio de 1954, en que una veintena de estudiantes fueron asesinados a quemarropa por la tropa en la calle trece con carrera séptima, cuando se dirigían a Palacio a pedir justicia al Presidente por la muerte, el día anterior, de uno de sus compañeros a manos de soldados en los predios de la Ciudad Universitaria.

Nadie culpó al mandatario por lo sucedido, pero de ese momento en adelante las buenas relaciones que habían reinado entre el Gobierno y el Partido Liberal empezaron a deteriorarse, renació la violencia contra el liberalismo y a las redacciones de EL TIEMPO y de El Espectador llegaban a diario denuncias de la persecución de que eran objeto los liberales por parte de elementos conservadores, sobre todo en el Valle, donde los perseguidores actuaban con impunidad absoluta, dirigidos por un sujeto, León María Lozano, a quien llamaban El Cóndor , el mismo personaje que sirve de protagonista a la novela de Gustavo lvarez Gardeazábal.

Además, el Gobierno estaba molesto por las críticas constantes -muchas de ellas injustas, hay que admitirlo- que se le hacían a sus medidas económicas, no solo desde las columnas de los diarios liberales, sino de órganos conservadores eminentes como El Colombiano de Medellín. También se había convertido en un factor de fricción la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente -Anac- que el Gobierno del general Rojas deseaba aplazar y que era exigida por los liberales y por un sector del conservatismo, "como un mal menor necesario para recuperar la actividad legislativa que no puede quedar al arbitrio del Gobierno".

En esas circunstancias, a principios de julio de 1955 fueron asesinados, cuando viajaban de Pereira a Cali, el director de El Diario, de Pereira, don Emilio Correa Uribe, y su hijo Carlos. El asesinato había sido ordenado por el Cóndor León María Lozano, y el gobierno lo sabía, pero no movió un dedo para detener a El Cóndor, que siguió volando tan campante y planeando la masacre del grupo de liberales que enviaron una carta a EL TIEMPO para denunciar las actividades criminales de Lozano y la impunidad con que actuaba. En efecto, el 16 de julio el doctor Arístides Arrieta Gómez, uno de los firmantes de la carta, fue abatido a balazos en Tuluá, por disposición de El Cóndor.

No hubo investigación, ni se le causó a Lozano la menor molestia. En cambio, se estableció una severa censura a los periódicos liberales EL TIEMPO y El Espectador de Bogotá, y Relator de Cali, que en adelante no podrían publicar una línea sobre la violencia en el Valle, encomendada a los expertos dedos de El Cóndor.

A raíz del asesinato de los señores Correa, hizo El TIEMPO un duro y angustiado reclamo editorial: " Hasta cuándo va a durar la dolorosa y amarga situación del Valle del Cauca? Hasta cuándo esa región, ya suficientemente martirizada y castigada por el sectarismo salvaje, va a seguir bajo el siniestro signo de los "pájaros"? Porque esta nueva tragedia abominable, como todas, es señal inequívoca de que los depravados empresarios del crimen mantienen su máquina de muerte, como si no hubiese pasado nada el 13 de junio de 1953".

La resolución de censura a los diarios liberales -decreto 3.000- decía que no podrían publicar sin autorización del censor noticias relacionadas con asuntos de orden público, pero no prohibía la libertad en los comentarios editoriales. Así es que, tanto el editorial de EL TIEMPO del 21 de julio, como La Danza de las Horas, de Calibán del 22, fueron despiadados en su crítica al discurso pronunciado por el presidente Rojas con motivo de la fiesta patria del 20 de julio, discurso que EL TIEMPO resumió, en el título de la nota editorial, como Un instante infortunado . La respuesta del Gobierno fue extender la censura a los comentarios editoriales. Calibán burló la mordaza con el recurso de la ironía sutil y comentó el 28 de julio: " Recuerdan ustedes la peluquería que funcionó aquí hace algún tiempo y cuyos artistas se hicieron célebres por la manera como mutilaban a sus clientes en forma tal que nadie los conocía después de sometidos a las tijeras inmisericordes? El establecimiento hubo de ser clausurado por causas independientes a la voluntad de los operarios. Lo que causó grande satisfacción a cuantos querían conservar intactos sus adornos capilares. Como todo retorna, y siempre suele retornar la misma jeringa con distinto bitoque, la peluquería ha vuelto a funcionar. Mejorada y perfeccionada. Ya no emplea la tijera sino la barbera. Ya no hay mutilación sino rapada completa".
 

Por esos días, el presidente Rojas preparaba un viaje a Ecuador para reunirse con el presidente Velasco Ibarra y consolidar los lazos de amistad y fraternidad que unían a las dos repúblicas vecinas. En vísperas de su viaje se anunció que los directores! y gerentes de los diarios de Colombia harían una reunión en Bogotá el 13 de agosto, resueltos a formar un frente común a favor de la plena libertad de expresión. Al mismo tiempo, el presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, Jorge Mantilla, puso un telegrama al presidente de Colombia en el cual le pedía que se levantara "la censura de prensa impuesta a los diarios colombianos", y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, se manifestó en igual sentido y le dijo al presidente Rojas que "la ausencia de libertad de prensa significa un lamentable retroceso a los días oscuros de vuestros predecesores y crea una impresión, que esperamos sea errónea, de renacimiento de los actos de pesadumbre que motivaron el 13 de junio de 1953, cuando vuesencia fue aclamado salvador de la República. En nombre de la prensa de América, suplicamos a vuesencia abolir la nueva cortina de hierro y devolver a esos mencionados órganos periodísticos el derecho de publicar sin censura previa".

Rojas viajó a Quito el 30 de julio. Fue recibido con aclamaciones jubilosas por el pueblo ecuatoriano y con un abrazo estrecho del presidente Velasco Ibarra. Sin embargo, las ruedas de prensa lo asediaron con la pregunta de cuándo se iba a restablecer la libertad de prensa en Colombia? . Rojas respondió que la censura estaba limitada a unos pocos diarios -EL TIEMPO, El Espectador y Diario Gráfico, de Bogotá, y La Tribuna, de Ibagué- "que ponen en peligro la paz del país". A la pregunta de por qué el Gobierno no había detenido a los asesinos del director de El Diario de Pereira y de su hijo, el general presidente contestó que "no podía detenerlos porque el Gobierno colombiano no tenía conocimiento de quiénes eran los autores de ese crimen". Esta declaración del presidente colombiano movió al director de EL TIEMPO, don Roberto García-Peña, a remitir al diario El Comercio, de Quito, un telegrama en el que rectifica lo aseverado por Rojas y asegura que el Gobierno tiene cabal conocimiento de los autores intelectuales y materiales del asesinato de don Emilio Correa Uribe y de su hijo Carlos.

El telegrama del Director de EL TIEMPO fue publicado por El Comercio de Quito en su primera página de la edición del primero de agosto de 1955. El texto se consideró por el gobierno del general Rojas un crimen de lesa patria. El presidente decidió darle a EL TIEMPO "la oportunidad de salvarse" mediante la publicación, durante treinta días seguidos, de una nota de rectificación, firmada por el señor García Peña, a lo dicho por él en el telegrama, y presentada como iniciativa de EL TIEMPO y de su director.

Don Roberto García-Peña se negó a acatar lo mandado por el Gobierno, y "en la noche del 3 de agosto, fuerzas de policía ocuparon el edificio donde funcionan las prensas de EL TIEMPO e impidieron la libre edición de este diario", dice su director propietario, Eduardo Santos, al comenzar el célebre ensayo, publicado el 28 de agosto siguiente, De cómo vivió y de cómo sabe morir un periódico libre.

A Rojas le hicieron creer sus asesores que la clausura de EL TIEMPO sería bien recibida por los colombianos y contribuiría a acentuar el carácter antioligárquico de su gobierno. Si la primera parte de la premisa hubiese sido cierta, tendría que haberse preguntado el mandatario por qué EL TIEMPO había vivido cuarenta y cuatro años si el pueblo no lo quería, cuando la condición indispensable de vida para un periódico es el favor de sus lectores, y a EL TIEMPO se lo habían mantenido los suyos, de manera creciente -en ese momento tiraba ciento ochenta mil ejemplares diarios- día por día durante cuarenta y cuatro años.

La clausura de EL TIEMPO duró hasta la caída del presidente general Gustavo Rojas Pinilla, un año y diez meses después del 4 de agosto de 1955. Aunque Rojas, tras una semana de paro general, abandonó el cargo el 10 de mayo de 1957, Eduardo Santos no quiso que EL TIEMPO reapareciera enseguida, sino un mes más tarde, el 8 de junio de 1957, como homenaje a la memoria de los estudiantes muertos en 1954.


 

 



 

martes, 28 de agosto de 2018

EL ÚNICO EJECUTADO EN PEREIRA A FINALES DEL SIGLO XIX


 

Páginas Sueltas Historia de Pereira

Otoniel Parra Arias

LA PENA DE MUERTE EN PEREIRA

Las crónicas señalan que la única ejecución pública llevada a cabo en Pereira a finales del siglo XIX fue por fusilamiento contra un hombre que mató a otro en condiciones de indefensión, hecho ocurrido en inmediaciones de Zaragoza, una población a poca distancia de Cartago.

El ajusticiado fue David López de 19 años procesado el 30 de noviembre de 1888 y ajusticiado en la plaza de Bolívar de esta población.

Al parecer López se enteró la noche anterior en Cartago que el mencionado comerciante viajaría a Popayán con el fin de finiquitar alguna transacción, asumiendo que por lo tanto sería portador de una gruesa suma de dinero.

Con la intención de ganarse su confianza se ofreció como arriero para conducir su recua de mulas lo que no logró por tener el negociante ya su trabajador para estos menesteres; el hombre no se amilanó por la negativa y le instó para que le permitiera acompañarlo con un amigo pues iban por el mismo rumbo.

Ante tanta insistencia el viajero aceptó y a la madrugada siguiente partieron con rumbo hacia el suroccidente. En cercanías a un lugar estratégico que seguramente ya conocía el mencionado David López, con alguna excusa se adelantó en compañía de su cómplice a la que sería su víctima para quitarle la vida a mansalva con el fin de apropiarse de sus bienes.

A pesar de haber negado la participación en aquel crimen, la policía ató cabos y con la ayuda de algunos testimonios y coincidencias lograron desvirtuar la coartada de los asesinos.

Los acusados fueron remitidos a Pereira para ser juzgados en el pequeño poblado de ese entonces y como es de suponer la noticia causó estupor general por el conocimiento que en algunos círculos se tenía de la víctima y las características brutales del atentado.

Privado de la libertad se inició el proceso para su juzgamiento que desembocó de acuerdo a las leyes vigentes en sentencia de morir ajusticiado por un pelotón de fusilamiento y UNA larga condena para su cómplice.

Seguramente que el acusado y quienes obraron a su favor hicieron hasta lo imposible para cambiar esta pena al menos por la de máxima condena en trabajos forzados y para ello recurrieron a todas las instancias que llegarían a las autoridades regionales y en últimas a la única persona que podía tomar a motu propio la decisión de vida o muerte, el presidente de la república.

Todos estos trámites de por sí engorrosos de la tramitología oficial y judicial que todavía a pesar de los avances de la civilización requieren prolongado tiempo para su curso y definición, para esas épocas debieron ser más traumáticos por la demora del correo, si tenemos en cuenta que todavía no existían carreteras, la movilización por tren era todavía muy limitada mediante el Ferrocarril de Antioquia cuya vía buscaba ante todo comunicar con el río Magdalena hacia el norte del país.

Por lo tanto el poblado pereirano se comunicaba solo por el telégrafo y el correo de estafetas, llevado a lomo de mula entre ciudades, por caminos y trochas casi imposibles de superar en prolongadas jornadas bajo la guía de experto arrieros.

Así que la correspondencia entre las provincias y Bogotá tomaba su tiempo y decisiones tan fundamentales como el envío de una solicitud de clemencia a una alta jerarquía del estado, y luego la correspondiente respuesta requería de semanas y meses; López agotó esa última instancia ante el presidente para enterarse largo tiempo después que su solicitud había sido denegada.

Pero veamos el tránsito que desde las instancias locales se cumplieron en aras de buscar al menos una rebaja de pena para el crimen cometido:

La pena de muerte había sido abolida en la constitución del 86 para los delitos políticos siendo restablecida para castigar los calificados como crímenes atroces, los parricidios y otros ataques contra la vida y la dignidad humana considerados como de lessa humanidad, así como el concierto para delinquir, figura que en algunas fisuras de la historia algunos autores atribuyen al deseo de castigar los intentos de unión entre enemigos del gobierno de turno con supuestas intenciones golpistas, encasillándolos dentro del concepto punitivo de “cuadrilla de malhechores”, todos estos detonantes de la que habría de ser llamada guerra de los mil días.

Es de recordar que en este tiempo estaba en plena vigencia el largo período de la regeneración conservadora que duraría hasta terminar el siglo y solo caería al final de la década del treinta en la centuria siguiente.

Pensamos que habría poco de esperar entonces en cuanto a un perdón presidencial ante un gobierno que había implantado una rígida normativa moralista para enfrentar el alto índice de delitos que se cometían en el país.

Las consignas establecidas por Rafael Núñez respecto al orden interior buscaba solucionar una problemática que se decía era heredada de la liberalización que había impulsado el general Mosquera pocos años antes en los fenecidos Estados Unidos de Colombia y que en la práctica derivaba en gran porcentaje del clima bélico por diversos bandos iniciado en las décadas anteriores.

Este caso que ofrecía ciertos elementos de alevosía e indefensión seguramente no dio mucho margen a una decisión menos severa.

Al respecto la ley dejaba a discreción de los tribunales militares en cada jurisdicción la decisión de considerar un delito común como de lessa patria según las circunstancias y por lo tanto acreedor a la pena máxima. El reo podía igualmente apelar ante el tribunal superior de su distrito con posterior recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia si perdía la primera instancia antes de su pedido de clemencia ante el presidente de la república.

Curiosamente entre los años 1887 y 1889 se presentaron 90 solicitudes de casación, habiendo sido reafirmada la pena de muerte en 65 de ellas, la mayoría por parricidios y asaltos ocurrieron preferencialmente en los departamentos de Cauca y Antioquia.

En contados casos, aún a riesgo de granjearse el malestar de sus gobernados el presidente perdonó la vida al reo cambiándola por pena de prisión a 20 años, lo que de acuerdo al promedio de edad de la época y las duras condiciones de los presidios equivalía a una cadena perpetua.

Las circunstancias para ese perdón variaban según fuera el estado de ánimo del jefe de estado al momento de firmar la orden respectiva, sin dejar de lado las relaciones sociales y posición del condenado en la sociedad, la presión de altos personajes de la iglesia o el gobierno y seguramente y de acuerdo al partido gobiernista, el color de la facción política a la cual pertenecía el acusado.

Cuando el candidato para ajusticiamiento era llevado al patíbulo se daba curso a un pregón que decía más o menos: “N.N. natural de ….. reo del delito tal, ha sido condenado a la pena de muerte, si alguno alzare la voz en público en contra o hiciere algo que obstaculice esta orden será procesado de acuerdo a las leyes vigentes”.

Y aunque se sustentaron argumentos de mucho peso para mantener vigente el ajusticiamiento público como su aplicación en caso de guerra para quienes traicionaran los intereses nacionales a favor de otros países, muy pronto esa trascendental medida que afectaba directamente la vida humana fue retorciéndose bajo la presión de viejos odios personales y políticos.

Por ejemplo se consideró como merecedores de ella a quienes invadieran el país desde el extranjero con el fin de subvertir el orden público, fueran extranjeros o nacionales, medida que al parecer tuvo como objetivo perjudicar al general liberal Rafael Uribe Uribe quien se preparaba para ingresar al país con una tropa desde la vecina Venezuela.

Era también muy usual aplicar el trato de delincuentes comunes a los enemigos políticos aunque hubieran sido capturados dentro de un conflicto declarado, como ocurrió en la guerra de los mil días cuando el jefe conservador Arístides Fernández, envió una circular a los gobernadores reportando la ejecución en El Espinal de los rebeldes liberales Cesáreo Pulido, Gabriel María Calderón, Anatolio Barrios, Rogelio Chávez, Germán Martínez, Clímaco Pizarro y Benjamín Mayorca, en cumplimiento a decisión de un consejo de guerra que los declaró traidores a la patria e integrantes de cuadrilla de malhechores.

Años después dentro de estos procedimientos también se produjo la ejecución de los autores del atentado contra el presidente Rafael Reyes en Barro Colorado el 10 de febrero de 1906, según testimonios fotográficos.

De todas maneras este tipo de soluciones sangrientas no contó con el aval popular que los legisladores tal vez buscaron como respuesta lógica a sus esfuerzos por proteger la vida y bienes de los ciudadanos; por el contrario la gran mayoría de quienes supuestamente serían los testigos presenciales para testimoniar la aplicación de justicia, en vez de acompañar y aplaudir el ritual de las ejecuciones abandonaban en silencio sepulcral los alrededores de los escenarios de estas muertes desde días antes de los acontecimientos quedando solo para el momento crucial aquellos más exaltados por el morbo que generaba la picota pública.

Por el contrario, antes que apoyar a las autoridades por la aplicación de la pena máxima que por lo regular era el fusilamiento, se solidarizaban con el reo aún sin haberlo llegado a tratar, con disímiles argumentaciones de orden moral respecto a la culpabilidad o no del condenado.

Y es que no se quedaban solo en su mutismo hosco hacia los representantes de la autoridad, mascullando maldiciones en cualquier fonda o cantina, sino que echaban mano de esos bardos y artistas de la gleba destinados a vivir y morir con mínima fama parroquial, para hilvanar canciones, versos y caricaturas ingeniosos e hirientes que hacían circular por los vericuetos y plazas de los barrios más populares.

Detrás de todas estas expresiones solapadas en la entraña del pueblo yacía el malestar de los enemigos del gobierno de turno aupados en la lucha partidista entre liberales y conservadores.

Es de recordar que el fusilamiento y solicitud de clemencia de David López uno de tantos de los ocurridos en este final del XIX se enmarca en esas afugias emanadas de continuas disensiones políticas que a la postre llevaron al país a un continuado estado de alarma y que marcarían ineludiblemente a varias generaciones; así dentro de este torbellino de pasiones la última solicitud de un reo, como el caso de David López, era una brizna de angustia en medio de un gigantesco torbellino.

El fusilamiento se llevó a cabo el 26 de julio de 1890 en una esquina de la Plaza de Bolívar con todo el ritual que para la época se acostumbraba en este tipo de diligencias; el reo había contemplado la noche anterior desde su celda los preparativos que se hacían para su ejecución en la plaza demostrando hasta su último momento gran frialdad y dominio de sí mismo.

De su ejecución quedó narrado en las crónicas que: “en esta aldea nadie trabaja y muchos huyen para el campo y las madres se fugan del pueblo con sus hijas y con los varones menores y se riegan por las vías y caminos: no quieren oír el disparo, ni saber cómo atraviesa el plomo a un salteador…”

Flota la duda respecto a estas ejecuciones sumarias, sí al parecer los mismos encargados de los disparos o tenían mala puntería o los desviaban adrede aunque demoraran el suplicio del ajusticiado, como dando a entender su desgano para con esta práctica.

Seguramente esta posibilidad era conocida en el círculo gélido y desesperanzador de la antesala de la muerte en los fríos calabozos a lo largo y ancho del país.

López, conscientes de todo esto al conocerse que el presidente no había aprobado el indulto, sentado ya a la espera de los disparos de los soldados, rogó a estos que afinaran su puntería y le dieran lo más directo posible al corazón para morir lo más rápido posible.

De cómo las pasiones políticas tenían marcada influencia en esas calendas, de supremacía conservadora, en los acontecimientos públicos fueran alegres o luctuosos, nos lo revela el libro de Hugo Angel Jaramillo, sobre la Historia de Pereira, en el que menciona que minutos antes de su ejecución, David López pidió solo unos momentos para recitar un sencillo verso, en el que más o menos decía:

Yo no temo la muerte, mis amigos,

Ni tampoco la cuenta que he de dar,

Solo siento morir en un banquillo

Y dejar al Partido Liberal.

luego de lo cual, la anécdota menor relata que se llevó la mano a la altura del corazón y una de las balas le cercenó un dedo que cayó a unos metros del ajusticiado.

La pena de muerte se siguió ejecutando en Colombia hasta 1910, sin llegar a saberse cuantos murieron injustamente al aplicar la medida mediante los solos indicios y el testimonio de testigos no siempre libres de dudas en cuanto a sus verdaderas intenciones.

Habían quedado en el transcurso de los años durante el siglo XIX viejas costumbres de España incrustados en los procedimientos administrativos y jurídicos del país a lo largo de sus procelosas metamorfosis político administrativas hasta desembocar en la figura de la república y una de esas precisamente era el ajusticiamiento.

Así que si el fusilamiento había subsistido desde la independencia en estos territorios en España, desde época más o menos similar (1820) se aplicaba el vil garrote, un sistema mediante el cual se colocaba una gargantilla metálica alrededor del cuello del condenado a quien previamente se había atado a la silla de suplicios; el verdugo daba vueltas a un tornillo que poco a poco iba extrangulándolo hasta llevarlo a la fractura y asfixia. (En la república de Colombia fue abolida en 1910 y en la península en 1978, con motivo de la promulgación de la nueva constitución).

Pero, triste es decirlo, a pesar de haber desaparecido la pena de muerte oficial a principios del pasado siglo con los acontecimientos que se precipitaron en esa primera parte del mismo y que se han prolongado hasta nuestros días, podría decirse a lomos de la sabiduría vulgar que muchos en uso de una guerra fratricida no declarada continúan en campos y ciudades aplicando sus propias y distorsionadas versiones de ajusticiamiento.

No deja de causar cierta curiosidad el hecho de que un crimen cometido en una jurisdicción pase por encima de su vecino y salte hacia otra más lejana como ocurrió en este caso. En efecto, el hecho violento ocurrió en inmediaciones de la población de Zaragoza en la ruta hacia Cali, más cerca de Cartago que de Pereira, y sin embargo el trámite y escenificación posterior del fusilamiento de López se llevó a cabo en esta última ciudad. Algunos autores comentan al respecto que quizá se quiso dar una lección al avance antioqueño de parte de los caucanos en aquellos tiempos de enconada división política y territorial, ordenando un hecho tan destacado como una ejecución en una población que en el pasado reciente pudo considerarse como una tácita frontera entre centralistas antioqueños y radicales caucanos.

NOTA.-Hacia 1890 la provincia del Quindío contaba con los siguientes distritos:

Cartago: con Zaragoza y Santa Ana, Gutérrez, La Paz y Filandia.

Victoria: Obando

Salento: Armenia, Circasia, Filandia y Calarcá.

Pereira: Segovia.

Toro: Hatillo, Anserma Nuevo, La Virginia, San Francisco y Palestina.

En 1890 la provincia del Quindío contaba con 71.000 habitantes

2015-02-15 

domingo, 26 de agosto de 2018

BOLIVIA- CALDAS


UN CAMINO DE ARRIEROS

Alfredo Cardona Tobón*
 
 

En una  visita a Bolivia, corregimiento de Pensilvania, conocí  un  personaje  a quien el tiempo parecía arraigarlo cada vez más a su  lejana  tierra natal , hablamos de tango y de futbol, de churrasco y de vino, parecía tan argentino como San Telmo, el Obelisco  o la Calle Corrientes.  Muchos años después  al leer el libro  escrito por Ramón Exeriel López y Rodrigo Aristizábal Ocampo descubrí que el "Che Macanudo" era uno de los tantos vecinos de la aldea que describen en “Un camino de arrieros” y donde al lado de campesinos que escasamente han viajado a Manizales hay trotamundos que le han dado la vuelta al mundo..


Ese libro recientemente publicado condensa el pasado y el  presente de una comunidad de cuatro mil vecinos con la impronta del oriente antioqueño, donde los personajes  van con el alias correspondiente, pues en los pueblos paisas los apodos remplazan a los nombres que alguna vez figuraron en las actas de bautismo, así pues, que en esta monografía del corregimiento de Bolivia se escurren con familiaridad  “Pachito”, “El Chato”,  “El Mocho Marín”, “Caderito”, “Sombra”  y el mentado “Che Macanudo”...

Sobre una de las trochas que a fines del siglo XIX empalmaron con las vías  que arrimaban a Manizales y Salamina,  un labriego estableció una fonda con asistencia y  pesebrera que los arrieros llamaron  “El Descanso”. No hay documentos ni crónicas que nos ilustren sobre la aparición de “El Descanso”. Se sabe que al empezar el  siglo XX, un colono   armó su vivienda de guadua a un  lado del “Descanso”;  poco después lo hicieron Pedro Pérez,  Gerardo Giraldo… y  se formó el caserío de “El Guayabo”, llamado así por un frondoso árbol de ese fruto que se levantaba en medio de los ranchos.

Como al  padre Daniel López, en uno de sus arrebatos espirituales, le pareció que el rancherío estaba creciendo sin Dios y sin ley, a punta de corneta levantó una capilla que fue el embrión de la rezandera y conservadora Bolivia.

  La monografía “Un camino de arrieros”  nos lleva de la mano por el pasado de este corregimiento cuya vida está  íntimamente ligada a la caficultura, a las realizaciones del Comité de Cafeteros y al   médico Camilo Olimpo Cardona  cuyo papel protagónico en el desarrollo del oriente caldense aún no se ha dimensionado.

En  las páginas del  libro de Ramón López y Rodrigo Aristizábal  quedan   impresas las hazañas de un poblado sin solares, con una sola calle montada en un collado de la cordillera,  donde se ha  tenido que horadar  un barranco para dar cabida a la iglesia, a las instalaciones del Comité de Cafeteros y a las oficinas administrativas.  Muchas de sus casas de uno y  dos pisos con frente a la calle se apuntalan atrás  con guaduas que las sostienen sobre voladeros, no obstante a estar encaramada haciendo equilibrio en un filo,  Bolivia ha sobrevivido los temblores e incendios y también a los  violentos,  a las crisis cafeteras. Y ahí sigue adelante y vital en medio de tintos y  jaculatorias.

Las anécdotas salpican de gracia “Un camino de arrieros”:  Una de ellas recuerda a un sacerdote chalán y admirador de las bestias finas que en la tarde soleada de un sábado recorrió la calle de Bolivia, montado en una bella y  briosa  potranca. Al  pasar frente a una carnicería, cuyo propietario andaba diciendo que se estaba gastando la plata de la iglesia en caballos, el sacerdote frenó en seco y gritó  de manera tal que todos lo oyeran: “Hola Juan Manuel, asómate y mirá que  aquí voy montado en el frontis del templo, chismoso triple HP”.  El carnicero asombrado no moduló palabra y el chalán, espoleando la bestia,  se alejó levantando un polvero.

Otra anécdota curiosa se refiere al  Reinado de las Vírgenes.  Resulta que un sacerdote cuyo nombre se omite, organizó un reinado en Bolivia  para recolectar dinero para  la parroquia. Obviamente no era un concurso de belleza ni un torneo cívico, sino la puja entre los seguidores de la Virgen del Carmen y los devotos  de la Virgen del Perpetuo Socorro, para ver cuál bando recaudaban más plata  para las necesidades de culto.

Se conformaron  comisiones, se realizaron festivales, cantarillas, rifas, venta de besos etc… etc, y a medida que aumentaban los fondos se fueron radicalizando las posiciones de uno y otro bando. Empezaron a oírse  abajos para la Virgen del Carmen y los seguidores de la Virgen del Perpetuo Socorro no volvieron a  asistir  a misa pues maliciaban  que el párroco estaba cargado a favor de la Virgen del Carmen… Y como en cualquiera confrontación entre godos y cachiporros, se llegó a  encuentros violentos y a extremos tales  que hubo que suspender el reinado.

UNA AMABLE Y CULTA POBLACIÓN

Bolivia tiene arrestos de cabecera municipal. Con otra ubicación hace tiempos que lo hubiera sido: ha contado con una excelente clase dirigente, tiene buenas tierras, muchas aguas, la microcentral a filo de agua de “El Edén”  con una capacidad de 20 megavatios que fortalece la economía local.

A lo anterior se suman una tradición cultural que pocos corregimientos pueden acreditar en su pasado. Hubo una   Sociedad de Mejoras, club social, periódico, y ahora es notable la labor de  los colegios de secundaria que, en asocio con  universidades manizaleñas,  con variadas tecnologías, amplían las oportunidades de los bachilleres, que infortunadamente tienen que salir de Bolivia a buscar trabajo.

El corregimiento  no escapó a la violencia política, a los paramilitares ni a los “traquetos”, pero esas lacras han sido menores que en otras poblaciones del oriente caldense. Lo bueno y lo malo, la historia, la economía, los valores… es decir los factores que definen  la identidad de un pueblo  están en  la monografía   “Un camino de arrieros”.

Los méritos se abonan a los autores y también al  alcalde Jesús Iván Ospina que entiende que un pueblo sin memoria puede ponerse al borde de la desaparición. Callará el cemento, se olvidarán las fiestas con sus bochinches, pero contribuciones culturales como esta mantendrán vivo el nombre de quienes las patrocinaron.