POBRE VENEZUELA

Una constituyente producto del fraude electoral

José Miguel Alzate

Lo sucedido en la vecina República de Venezuela el pasado 30 de julio hace pensar a los demócratas de América Latina que en el país de Bolívar se va a asentar, para siempre, un régimen despótico que además de conculcar los derechos ciudadanos quiere mantener un sistema político sin contrapesos de poder. La elección de una Asamblea Constituyente que busca refundar a Venezuela cambiando su Carta Magna, convocada sin acudir a un referendo para que el pueblo votara sí estaba o no de acuerdo, es la más clara demostración de que Nicolás Maduro lo único que quiere es una Constitución a su medida, que le permita quitarse de encima a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Para lograrlo, el Gobierno venezolano recurrió al fraude electoral.

Lo que viene sucediendo en la patria de Bolívar desde el pasado mes de marzo, cuando el pueblo empezó a manifestarse contra el intento del Tribunal Supremo de Justicia de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional, primero y, luego, contra la elección de una Asamblea Constituyente, es demostrativo del descontento con un Gobierno que tiene a los ciudadanos aguantando hambre, sometidos a hacer colas para comprar artículos de primera necesidad, sin acceso a medicamentos y con una inflación galopante. Las manifestaciones contra Nicolás Maduro, que todos los días llenan las calles de las grandes ciudades, es la expresión de un pueblo que está cansado de un Gobierno incompetente y que sigue protestando sin miedo a la represión desatada por las fuerzas del régimen.

¿Cuál es el costo que va a pagar Venezuela porque Maduro no atendió el llamado para que desistiera de convocar una Asamblea Constituyente? El principal: Venezuela se está quedando aislada. Pregonando que nadie se puede entrometer en los asuntos internos de su país, el presidente Nicolás Maduro desafió a los gobiernos que expresaron preocupación por la convocatoria. Ni siquiera la advertencia hecha por Estados Unidos de imponerle sanciones económicas si seguía con el proceso produjo en el simio que maneja a Venezuela una actitud conciliatoria. Al contrario, la posición de varios países de no reconocer a la Asamblea Constituyente hizo envalentonar a quien se aferra al poder por miedo a que sea juzgado por delitos de lesa humanidad.

Ciento veinticinco muertos en cuatro meses de manifestaciones debería haber dado como resultado la renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia. Pero no. El sátrapa se atornilla al poder porque sabe que, al entregarlo, le espera una cárcel. La represión que ha ejercido contra el pueblo lo pone en la misma dimensión de un Bashar al Asad, el presidente sirio que para sostenerse en el poder ha masacrado a su pueblo. Esto está pasando con Nicolás Maduro. Permitir que la Fuerza Pública arremeta contra los manifestantes, disparando en caso de no poder contenerlos es, además de un crimen de lesa humanidad, una actitud desesperada de un mandatario que no escucha el clamor internacional para que la normalidad retorne a su país.

Dieciocho años de gobierno socialista han detenido el crecimiento de Venezuela. La camarilla gobernante ha ahuyentado la inversión extranjera, ha detenido la producción industrial y ha incrementado el éxodo. Lo que estamos viendo en nuestras fronteras es el reflejo de la angustia de un pueblo que no tiene oportunidades en su propia tierra. Miles de venezolanos ingresando a Colombia para adquirir alimentos o para quedarse en nuestro territorio es la fotografía de una nación que no avanza porque está gobernada por un sátrapa que no quiere reconocer el fracaso del sistema implantado por Hugo Chávez. Convocar una Asamblea Constituyente sin consultar al pueblo es una medida dictatorial que solo busca proteger a quienes detentan el poder.

Los organismos internacionales deben buscar fórmulas que permitan encontrar salidas a esa horrible noche que está viviendo Venezuela. Unasur, la OEA, la ONU y los gobiernos democráticos de América Latina deben exigir la transición hacia un gobierno de unidad que garantice a los venezolanos el ejercicio de sus derechos. Es urgente cerrarle las puertas a un régimen que está atentando contra las libertades. En su afán por mantener un sistema político sin contrapesos de poder, Maduro impone una constituyente producto de un fraude electoral. La liberación de los presos políticos, la convocatoria a elecciones y la suspensión de la Asamblea Nacional Constituyente deben ser exigencias claras por parte de estos organismos para que la normalidad regrese a un país que merece mejor suerte.