LOS RESGUARDOS DE SUPÌA Y DE SAN JUAN DE MARMATO

Alfredo Cardona Tobón*

 

Al repasar los sucesos acaecidos a  finales del siglo XIX en el antiguo Cantón de Supía vemos cómo   una clase abusiva y privilegiada despojó a los indígenas de sus tierras, se apropió de sus riquezas y en contubernio con el Estado cometió  impunemente todo tipo de bellaquerías.

Los historiadores se quedan cortos ensalzando la  colonización de los antioqueños pero  no se han detenido a analizar la invasión paisa a los resguardos indígenas de la banda izquierda del rio Cauca,  con las secuelas de desplazamiento, violencia y atropellos sin cuenta.

LAS PARCIALIDADES INDÍGENAS

En  el territorio occidental del moderno Eje Cafetero,  a mediados del siglo XIX existían los resguardos indígenas de Marmato, Supía, San Lorenzo, La Montaña, Quiebralomo, Quinchía, Guática, Arrayanal, Tabuyo y Tachiguí con sus respectivas aldeas y vastos territorios rodeados de algunos baldíos. Las parcialidades habían sobrevivido al dominio español y  su gente había convivido con los caucanos enquistados en sus cabildos y encargados de la administración  pública.

Los resguardos de Quinchía y Guática eran aliados de los radicales caucanos; mientras que otros como el de La Montaña y San Lorenzo, eran fieles seguidores de los conservadores cartagüeños. Ambos eran carne de cañón en las continuas guerras civiles; y sus macheteros  fueron famosos en los conflictos de  1860 y 1876.

Al empezar el siglo XIX los mineros antioqueños comenzaron  a llegar a Marmato y en el valle de Risaralda fundaron a  Papayal,  una aldea de efímera duración ubicada  al borde de la loma del Tatamá en la desembocadura de uno de los riachuelos que bajan de la cordillera.

A mediados del siglo XIX colonos del sur de Antioquia levantaron la aldea de Oraida en la tierra fría del resguardo de  La Montaña; desde allí empezaron a desplazarse por la Cuchilla de Mismís estableciendo los caseríos de Llanogrande y Pueblo Nuevo  dentro de los Resguardos de La Montaña y Guática. Fue una invasión violenta que desplazó a los nativos hacia las malsanas tierras colindantes con el río Cauca.

 

 LA OCUPACIÓN DE LAS TIERRAS DE MARMATO Y SUPÍA

En 1841 figuran en Supía  Manuel Estrada, Justo Céspedes y Martín Machado, todos ellos oriundos de Heliconia, una población antioqueña. En 1869 se instalan Baldomero Ospina, de Abejorral, Antonio Cardona y  Francisco Villegas  procedentes del Retiro. Son familias paisas que encabezan el poblamiento antioqueño de Supía y Marmato, adonde llegan incentivados por el oro de las vetas y aluviones.

Las empresas inglesas y otras de socios caucanos y antioqueños promueven el   desmantelamiento de los resguardos de Marmato y Supía para hacerse a sus tierras y explotar el oro. El 17 de septiembre de  1869 Manuel María Castro, presidente del  Estado del Cauca, sancionó la  Ley 252  que concedía libertad a los indígenas del Cantón  para que dispusieran de sus tierras  reservando 80 hectáreas para el área de la población y una fanegada para las escuelas.  En la escritura No. 54 de 1874 del Distrito de Supía,  se oficializó la distribución de los terrenos de los indígenas; por ese entonces  Juan Gregorio Trejos figuraba como  administrador de los Resguardos de Supía y de Cañamomo; Ricardo Sánz era el procurador del Distrito de Supía  y Javier Zapata era el procurador de San Juan de Marmato.

Con la distribución de las tierras empieza la desaparición de los resguardos de Supía y Marmato. Son los administradores y los funcionarios quienes disponen delos bienes de los nativos,  pues para la ley estos  son menores de  edad que quedan bajo la tutela de individuos que manejan a su antojo las tierras, los salados y las minas de carbón de los indígenas.

 En la escritura  54  los procuradores (alcaldes) y el administrador de los resguardos de Marmato y Supía entregaron a vil precio 154 hectáreas a cada uno de los establecimientos mineros de Tabordal, Arcón y el Viringo, con lo que favorece a los Chávez y  a otros empresarios de Antioquia y Cauca. El precio no se fijó por subasta: lo fijaron los compradores y los procuradores de los distritos quienes usaron el dinero recaudado  para pagar al abogado que hiciera los trámites, estableciendo de antemano que en caso de necesitarse una suma mayor a la recaudada, los indígenas debían pagar el resto, sin que los empresarios favorecidos tuvieran que aportar un centavo..

El terreno que quedó después de ceder los lotes de 154 hectáreas se distribuyó en tres partes iguales: una para los indígenas de San Juan y de Supía,  otra para el distrito de San Juan y la tercera para el distrito de Supía. Es decir, que de un plumazo, las autoridades despojaron a los primitivos habitantes de las dos terceras partes de sus  mermadas tierras.

Y eso no fue todo: la generosidad  del  administrador Juan Gregorio Trejos  se extendió a costa de los intereses de las parcialidades: en 1874 dona 50 Hectáreas a Guillermo Santacoloma en la parte que este eligiera y “según su voluntad” en  pago a los grandes e importantes servicios que le había prestado a los resguardos, que en honor a la verdad solo fueron unos memoriales dirigidos a las autoridades del Cauca.

CONTINÚA LA RAPIÑA

Los procuradores  de Supía y Marmato  se apresuraron a vender por bicocas los terrenos  cedidos a los distritos.  En marzo de 1878 el procurador de Supía, Emigdio C. Piedrahita vende a Bonifacio  Zabala 20 Ha en la fracción del Rodeo y en mayo de 1883 el gobernador de la parcialidad de Supía, Isidro Vélez, vende a Martín Cifuentes otro lote de 54 hectáreas en el sitio de Hojas Anchas.

Para aumentar las injusticias hacia  los   indígenas  cabeza de familia solamente les reconocieron una hectárea de cultivo y el solar donde tenían su rancho. Quienes después de dura faena habían establecido sus cultivos tuvieron que pagar las mejoras para continuar  trabajando en el terreno que labraron con tanto esfuerzo.

A los colonos, ajenos a los resguardos y con más de diez años de residencia, se les  adjudicó media hectárea. Solamente se reconoció una posesión de labranza o mejora en caso de tener dos o más posesiones; debía escoger la que más le conviniera  y  tenía que comprar el resto.

Sin embargo, a los empresarios se  les reconocieron  sus grandes propiedades sin que pagaran por ellas . Eso sucedió con los extensos lotes de terreno denominados  “Benítez”, “El Peñol”, “Roldán”, “Arenal”, “Aguacatal”, “Marmato”, “Cerro de Loaiza”, “Moraga” y “Guamal”.  Esas propiedades correspondían a haciendas, a minas y a la comunidad negra protegida por los Castro y los Chávez.

Para rematar los atropellos, Rudecindo Ospina, administrador  de las minas de “ The Wastern Andes Mining Company Limited” y  Bartolomé Chávez, propietario  del Cerro de Loaiza.fijaron los límites de las propiedades de “Marmato” y “Loaiza” .