domingo, 19 de mayo de 2013

ANTIOQUIA Y LA CORTINA DE GUADUA



Alfredo Cardona Tobón



Al caer el gobierno radical del estado federal de Antioquia, presidido por Pascual Bravo, las nuevas autoridades conservadoras se prepararon para rechazar la inminente arremetida de la administración central, que en forma alguna iría a permitir que sus oponentes políticos le arrebataran,  por las armas, una región tan importante.

En 1863 el presidente de los Estados Unidos de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera,  estaba muy ocupado en la frontera sur conteniendo una invasión ecuatoriana, y los liberales antioqueños, aunque derrotados, se reorganizaban para a retomar el poder con el apoyo de Mosquera,  una vez  que regresara a la capital de la República.

Para contener la rebelión liberal, el nuevo presidente de Antioquia, Pedro Justo Berrío,  emprendió una campaña contra todos aquellos que se oponían al régimen; con la tesis de una ofensiva defensiva e invocando el derecho de gentes, Pedro Justo  atacó el norte del Estado del  Cauca con tropas de Manizales que penetraron hasta más allá de Santa Rosa de Cabal y pusieron en fuga al destacamento de la pequeña población de Villamaría, en los límites del Estado.

CONMOCIÓN INTERNA.

El 9 de febrero de 1864 la Secretaría de Guerra de Antioquia ordenó a los Jefes Civiles y Militares de los municipios la captura de todos los ciudadanos que representasen algún peligro, y no solamente los liberales radicales, sino también a los conservadores apáticos, y  llenaron la cárcel de Medellín.

A ojos vistas era una pelea de toche con guayaba madura,  el choque de las tropas bisoñas de Antioquia con los veteranos que regresaban del sur, cubiertos de laureles, hacían presentir el mayor de los desastres. La moral de los reclutas anatioqueños estaba por el suelo y  las deserciones se multiplicaron en sus cuarteles.

Para evitar la desbandada, el gobierno antioqueño estableció drásticas medidas: persiguió sin contemplaciones a los  que abandonaron las filas, apresó a quienes propalaban rumores derrotistas y llevó a prisión a todos los comprometidos  en la compra de armas, municiones y bagajes por fuera de la ley.

En un decreto expedido en enero de 1864 el gobierno exigió contribuciones en dinero y en especie a los rebeldes y a los indiferentes; autorizó las apropiaciones de los objetos necesarios para sostener al ejército aún sin presencia del dueño; ordenó el enrolamiento de quienes hostilizaran de palabra o por escrito al régimen y condenó a Consejo de Guerra a los informantes y auxiliadores de los conspiradores. El gobierno de Berrío, dispuso, además, en ese decreto, que toda muerte causada por un rebelde se juzgaría como asesinato.

Ante la inminencia de la guerra,  Manizales cobró inusitada importancia: dejó de ser una aldea de negocios de cacao y un sitio lejano para desterrar prostitutas y ladronzuelos y se convirtió en la avanzada más  poderosa de Antioquia. El 13 de enero de 1864  Pedro Justo creó el distrito de notaría en la población, autorizó la conformación de una columna militar con asiento permanente en Manizales y el  24 de abril nombró a Alejandro Uribe V, como Prefecto del departamento de Sonsón y según el Decreto, podía  residir en cualquier distrito del departamento, pero la mayor parte del tiempo en Manizales.

OTRAS MEDIDAS.

En el mismo día de su posesión  el Prefecto Uribe cerró la frontera con el Cauca, cortó la comunicación con otros estados e impidió el paso de los ciudadanos hacia el Ruiz y más allá del río Chinchiná.  El comercio sufrió enormes restricciones: el cacao podía entrar pero con altísimos aranceles y los arrieros no podían regresar con sus mulas al lugar de origen. En abril solamente las personas con pasaporte expedido por el Prefecto podían circular por los caminos de Manizales y el gobierno ordenó revisar la correspondencia que llevaran los transeúntes y confiscarla y enviarla a Medellín si la autoridad la consideraba lesiva a los intereses de Antioquia.

Además de lo anterior se prohibió la introducción de periódicos o comunicados que chocaran con el gobierno antioqueño o con  la doctrina católica. Con todas esas disposiciones se aisló a Manizales y al Estado de Antioquia y una cortina separó a  los antioqueños del resto de la nación.

CONVENIO DE PAZ.

Era tal el pavor que inspiraba Mosquera, que el 25 de abril de 1864, el presidente Berrío dijo en Manizales: “Si dentro de cuatro días  no viene el reconocimiento del gobierno central, será necesario ir a morir en la sabana de Bogotá, antes que Mosquera regrese de Guaspud”.

Por fortuna para los paisas,  un nuevo presidente regia los destinos de los Estados Unidos de Colombia y  Murillo Toro, al contrario de Mosquera, no estaba interesado en luchar contra Antioquia y en consecuencia facilitó un arreglo con Berrío imponiéndole algunas  condiciones,  tales como su desarme y el retiro de los asilados del Cauca en territorio de ese Estado a una distancia no menor de 15 leguas de la frontera.

El 6 de mayo Berrío se dirige al pueblo antioqueño y  le da la buena nueva: ya no habrá guerra, vendrá la paz y el respeto mutuo, se concede amplia amnistía a los comprometidos en hechos políticos, los soldados dejan el fusil y vuelven a sus barbechos en tanto que el clero se fortalece  y cogobierna con los llamados Restauradores.

Habrá doce años de paz, pero el fanatismo y la intolerancia siguen aguzando las lanzas y en 1876  Antioquia vuelve a la guerra y más rios de sangre inundarán a Colombia.



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