Alfredo Cardona Tobón*
El escritor y periodista Aldemar Solano Peña acaba de publicar su libro “Boleta de captura” que relata el operativo, la captura de más de cien habitantes de Quinchía y los ominosos meses que permanecieron en varias cárceles del país.
La narración de los hechos empieza en septiembre de 2003: “...hemos llegado hasta diecisiete veredas de la zona rural del municipio de Quinchía- declaró el subdirector de la policía - llegamos en la madrugada del domingo, los capturamos, hicimos presencia contundente y la vamos a seguir haciendo porque vamos a seguir debilitando y neutralizando a estas agrupaciones de delincuentes”.
Por “indicios”, por meras sospechas y por afirmaciones de testigos sin credibilidad (y parece que presionados por fuerzas oscuras), se montó un show de película con helicópteros artillados, fuerzas de élite, el avión fantasma, numerosos soldados y policías que irrumpieron en las calles y campos de Quinchía, apresaron al alcalde, a dos candidatos a la alcaldía, al concejal más antiguo de Colombia, al comandante de bomberos, a un anciano ciego, a funcionarios municipales, a numerosos campesinos y a líderes agrarios.
Dos años más tarde la fiscalía tuvo que liberar a casi todos los capturados porque no encontraron pruebas y se comprobó que todo se montó con testigos espurios y con base en chismes, tramoyas e “indicios”. Fue otro falso positivo de la Seguridad Democrática que atentó contra un pueblo que ha sufrido vejámenes de la policía, de los bandidos amparados por banderas azules y rojas, de los milicianos del EPL, de los paramilitares y del Ejército Nacional. Fue otro golpe doloroso a una comunidad que ha sido víctima de todos los atropellos y ha sufrido las retaliaciones de unos y de otros.
Al leer el libro “Boleta de captura” llegan a la memoria episodios similares que se repiten en Quinchia cada vez que el Estado quiere mostrar su poder en épocas donde se rebasa su capacidad de garantizar la paz a los colombianos. Veamos los más recientes:
EN LA GUERRA DE LOS MIL DIAS
Al empezar el siglo XX las guerrillas liberales de Quinchía mantuvieron en jaque a las tropas gobiernistas con base en Manizales, Salamina y Cartago; los irregulares emboscaban y luego se ocultaban en las montañas o se mezclaban entre la población civil.
Los comandantes gobiernistas, al ver que no podían someter a la guerrilla, atacaron a la comunidad quinchieña para amedrentarla y aislar a los revoltosos. Fuerzas regulares apoyadas por voluntarios irrumpieron en la cabecera municipal e indiscriminadamente apresaron a cuanto varón cayó en sus manos. En el poblado capturaron a un alcalde anciano y al sacristán de la iglesia y como en el pueblo no había más varones pues solo quedaban allí las mujeres viejas y los niños, se regaron por los campos y pasaron por las armas a decenas de inocentes.
Ningún prisionero sobrevivió: asesinaron en la cárcel al alcalde Santiago Rico mientras cumplía con una obligación fisiológica y frente a la iglesia fusilaron al sacristán y a otros cinco ciudadanos. El padre Guzmán trató inútilmente de frenar la matanza y nada consiguió. Algunas victimas recibieron el consuelo del último sacramento y las demás quedaron en cualquier chamba perdida en los caminos.
EN LA VIOLENCIA POLÍTICA DE MITAD DEL SIGLO XX
Desde 1949 la comunidad de Quinchía, de profunda estirpe liberal, se vio rodeada de municipios conservadores que quisieron acabar con su gente; entonces surgieron cuadrillas de autodefensas como la del “Capitán Venganza” quien aglutinó a los campesinos y constituyó un feudo donde su palabra fue la ley.
El Estado, que contemporizó con los atacantes de Quinchía, fue incapaz de controlar a los secuaces de “Venganza” que se convirtieron en un azote para los vecinos y para los quinchieños. Finalmente, al instaurarse el Frente Nacional, el ejército tomó el control del casco urbano de Quinchía y comandos militares se adentraron en los campos para capturar a “Venganza” y a sus seguidores.
En uno de los operativos, los militares asesinaron a “Venganza” y para dar el puntillazo final a la “Republica de bandidos” efectuaron redadas indiscriminadas y apresaron a centenares de campesinos, entre quienes había mucha gente inocente. Ese fue el sistema inmediato para mostrar el control del gobierno, dejando a un lado todas las normas de derecho.
A los capturados se les llevó atados con cadenas a las cárceles de Manizales y de Pereira, sin abogados que los defendieran y sin cargos concretos que justificaran una retención que llenó de dolor no solo a los presos sino también a innumerables hogares que quedaron en la miseria.
Como no había pruebas y tampoco “indicios”, antes de un año tuvieron que liberar a la inmensa mayoría de retenidos que quedaron en las calles de Manizales y Pereira sin un centavo y sin manera de regresar a sus hogares.
Lo ocurrido a principios del siglo XX, los arrestos durante la violencia partidista y lo sucedido durante el régimen de la Seguridad Democrática en el municipio de Quinchía son actos que no tienen justificación, son atropellos contra un pueblo pobre, sin padrinos, que ha sido víctima y no victimario, que pese a todos los sufrimientos y vejámenes sigue aferrado a su tierra.
Las retaliaciones y los abusos no son los instrumentos más adecuados para cimentar la fe de los quinchieños en la Democracia y evitar que los antisociales se aprovechen de las duras condiciones sociales y económicas de la población. Ojalá las denuncias en “Boleta de captura” sirvan para que en un futuro las autoridades piensen en los inocentes atropellados y les importe más el derecho de los colombianos que los espectáculos mediáticos para dar contentillo a los jefes.
La denuncia de Aldemar Solano Peña en su libro “Boleta de captura” deja al descubierto otro fiasco de la Fiscalía; muestra otro falso positivo a costa de la gente humilde.
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